Objeción de conciencia y aborto

El indicador se calculó considerando que se realizaron siete preguntas a las instituciones de salud federales. Así, el rango de puntaje total de cada una era de -14 a 14. Como se mostró, algunas instituciones federales, como el ISSSTE y la Secretaría de Salud, respondieron a las preguntas desagregándolas por unidad hospitalaria. Además, el ISSSTE turnó algunas preguntas a distintas unidades hospitalarias; en específico, las relacionadas con el acceso al aborto por causales (personal médico disponible para realizar abortos inducidos, número de abortos realizados y usuarias referidas a otras unidades médicas por no contar con personal disponible y capacitado para realizarlos). En estos casos, dado que el objetivo es evaluar la transparencia de la institución en su conjunto, se tomó la media de los puntajes de cada pregunta, con lo que los puntajes totales se normalizaron de 0 a 10. La calificación más alta corresponde a las instituciones de salud pública que, por medio de sus respuestas, demostraron llevar un registro de la información requerida y la transparentaron de forma completa. Por el contrario, las instituciones con peor calificación demostraron, en la mayoría de sus respuestas, no poseer la información, no llevar un registro de la misma o haberla entregado de forma incorrecta.

En el caso de las instituciones de salud locales, el total de preguntas realizadas a los estados en los que el aborto está despenalizado y en los que no lo está, fue de 10 y 7, respectivamente. Por ello, el rango de los puntajes totales varía: de -20 a 20 en los estados despenalizados y de -14 a 14 en los estados en donde aún se penaliza. Una vez obtenidos los totales para cada entidad federativa, la información se normalizó de 0 a 10, igual que se hizo con las instituciones federales.

A continuación, se muestran los resultados de las instituciones de salud federales y de las locales:

En términos generales, la pregunta que obtuvo mejores respuestas por parte de las instituciones públicas locales y federales fue la relacionada con el total de procedimientos de IVE realizados. Solo cuatro instituciones de salud respondieron que no cuentan con registro de la información solicitada o proporcionaron información incorrecta de la misma (Hidalgo, Oaxaca, Sonora y la Secretaría de Salud). En el caso de las entidades federativas que han despenalizado el aborto, la pregunta que obtuvo mejores respuestas fue la que indaga sobre el número de ILE realizadas desde la despenalización. En contraste, la pregunta que obtuvo peores respuestas por parte de las instituciones de salud locales fue la relacionada con el total de IVE solicitadas; solo siete instituciones de salud a escala local y federal la respondieron con información completa.

Una vez analizadas las respuestas de las instituciones de salud locales y federales, se observa que solo Nuevo León, Baja California Sur y el IMSS tienen un resultado mayor o igual a nueve en el indicador de transparencia. Nuevo León proporcionó información completa para todos las preguntas y Baja California Sur respondió de forma incompleta solo a una de ellas, igual que el IMSS. Por la información que transparentó el IMSS, destaca que, en contra de lo que exige la normativa federal, esa institución no lleva a cabo procedimientos de aborto inducido. A estas calificaciones les siguen Morelos, Chihuahua y Michoacán, con una puntuación mayor o igual a ocho y menor a nueve.

El 47 por ciento de las instituciones de salud pública locales y federales tiene una puntuación mayor o igual a seis y menor a ocho; seis de ellas tienen una puntuación menor a siete. De las 16 entidades federativas que estuvieron en dicho rango de puntuación, trece entregaron información incorrecta sobre las IVE que les han sido solicitadas. En la mayoría de los casos, el error corresponde a que no diferenciaron entre las IVE solicitadas y las que fueron realizadas, por lo que no es posible monitorear las negativas a prestar dicho servicio de salud.

Por su parte, 14 de las 38 instituciones de salud pública a las que se enviaron las SAI tienen una puntuación menor a seis. De ellas, resaltan los casos de Campeche, Estado de México, Tlaxcala, Oaxaca y Sinaloa, que tuvieron una puntuación menor a tres. Este puntaje se explica, en gran medida, porque esas entidades, al no contar con personal dispuesto, capacitado y disponible que realice abortos inducidos, no llevan un registro del personal que realiza procedimientos de IVE ni de las personas usuarias referidas a otras unidades médicas.

Es importante recordar que este indicador únicamente refleja en qué medida los sujetos obligados poseen información y la forma en la que la proporcionan, y que ello no permite evaluar qué tan accesibles son los servicios de aborto inducido y de qué manera afecta la objeción de conciencia su disponibilidad. Por ejemplo, el IMSS tiene una calificación favorable en el indicador porque entregó información completa para la mayoría de las preguntas; sin embargo, sus respuestas indican que los servicios de aborto inducido no están siendo proporcionados.

Es urgente mejorar el registro y la forma de sistematizar la información para que sea posible evaluar si la objeción de conciencia es un obstáculo para el acceso a servicios de aborto inducido. También es necesario crear herramientas que promuevan una mayor transparencia y calidad en la información proporcionada por las instituciones de salud, así como garantizar el cumplimiento de la normativa vigente para asegurar el acceso a los servicios de aborto inducido de forma integral, libre de discriminación y sin revictimización. El indicador de transparencia creado por GIRE es una herramienta que ayuda a dimensionar la necesidad de mejorar el monitoreo y la entrega de la información por parte de los sujetos obligados.