Preguntas sobre el aborto
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¿La despenalización del aborto depende de la opinión pública?
El reconocimiento y la protección de los derechos humanos no son concesiones por parte del Estado, así que no deben someterse a consultas públicas. No es necesario que exista consenso al respecto ni son cuestiones que puedan anularse por la voluntad de una mayoría. Las normas públicas, obtenidas por vía democrática, deben atender a las necesidades de la población, pero eso no incluye el reconocimiento jurídico de paradigmas sociales que vulneren derechos humanos. A pesar de no necesitar de un consenso mayoritario, actualmente la percepción sobre el aborto en México es favorable y ello ha contribuido a que más entidades se sumen a la despenalización.
La percepción de la ciudadanía sobre el tema se ha transformado de forma notable. Mientras que en marzo de 2007 (un mes antes de la despenalización del aborto en la Ciudad de México) 65.8 por ciento de las personas en el país consideraba que el aborto debería ser considerado un delito, en octubre de 2019 (posterior a la despenalización en Oaxaca) esa opinión se redujo a 38.4 por ciento y aún más en julio de 2022, llegando a 28.1 por ciento. Además, 6 de cada 10 personas están en desacuerdo con que se castigue a las mujeres que se practican un aborto, 8 de cada 10 están a favor de leyes que permitan el aborto en alguno o en todos los casos (81 % de personas católicas, 64 % de personas evangélicas y 97 % sin filiación religiosa se posicionan a favor), y 3 de cada 4 personas coinciden en que la legalidad del aborto tiene impactos positivos.
Lo anterior revela que la opinión pública sobre temas controvertidos, como el aborto, no es fija e inamovible, sino que depende, entre otras cosas, de los prejuicios que lo rodean, el manejo que se le da en los medios de comunicación y el acceso que existe a información y servicios de salud para practicar abortos de manera legal. Por tanto, la regulación sanitaria, en conjunto con la despenalización total del aborto, cumple una función crucial para garantizar que las mujeres y otras personas gestantes tengan acceso a servicios de salud, así como para promover la despenalización social que contribuye a eliminar el estigma en torno a esta práctica.
