Información para el personal de salud

Es la interrupción del embarazo de forma espontánea (sin que medie ninguna intervención o maniobra abortiva) o inducida (pérdida intencionada de un embarazo intrauterino mediante un método médico o quirúrgico). Se trata de un procedimiento que forma parte del derecho a la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar.[1] La Organización Mundial de la Salud (OMS), en el documento Directrices sobre la Atención para el Aborto,[2] cataloga su atención integral como un servicio de salud esencial, por lo que debe ser parte de la atención primaria, con miras a alcanzar una cobertura universal. Agrega que debe regularse con base en los derechos y que los Estados deben garantizar su disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y calidad, de modo que las personas no tengan que recurrir a abortos inseguros que pongan en riesgo su vida, no sean sometidas a dolor o sufrimiento físico o mental, ni se interfiera con su capacidad de decidir sobre su vida privada.

De forma específica, el aborto seguro se define como la interrupción del embarazo realizada bajo condiciones que no pongan en riesgo la salud de la mujer o persona gestante.[3] El Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México[4] (el Lineamiento) incorpora a la atención de este servicio estándares clínicos internacionales, métodos de aborto apropiados para cada edad gestacional y ciertas obligaciones del personal de salud al atenderlo, con el fin de establecer una red nacional de servicios y que la atención se realice con la mayor calidad técnica y humana posible en todos los sitios en donde se brinde. El Lineamiento es de observancia general para todo el personal que forma parte del Sistema Nacional de Salud (SNS), por lo que es importante seguir los procedimientos que este indica.

Cuando se habla de interrupción legal del embarazo (ILE) se hace referencia a los abortos inducidos realizados por decisión de la mujer o persona gestante, bajo la protección del marco aplicable.[5] Por otro lado, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es el término utilizado en el derecho victimal mexicano en los casos en los que se accede al aborto por causas de violencia sexual.

En México, cada entidad federativa define, a través de su código penal, las situaciones en las que el aborto es sancionado y aquellas en que no lo es. Esta pluralidad normativa ocasiona que no exista certeza plena en cuanto a la forma de considerar al aborto y a su práctica de manera general, lo que además genera confusiones entre el personal de salud respecto a sus responsabilidades. Para mayor complejidad, existen deberes que, aunque son de cumplimiento obligatorio en todas las entidades federativas, no siempre están expresados en los códigos penales locales.

El único supuesto en el que el aborto no se considera delito en ninguna entidad del país es cuando el embarazo es consecuencia de actos derivados de la violencia sexual, como lo establece el numeral 6.4.2.7 de la NOM-046-SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046),[6] que señala que es un derecho de las víctimas de violencia sexual acceder a servicios de IVE.

En el Lineamiento se señala que la atención del aborto seguro es una prioridad de salud pública, así que no depende de que los códigos penales lo expliciten, puesto que es una obligación constitucional proteger la salud y autonomía reproductiva de las niñas, adolescentes, mujeres y personas con capacidad de gestar. El Estado, a través de las instituciones públicas de salud y el personal adscrito, está obligado a garantizar el acceso al aborto seguro en la forma y los términos establecidos por el marco jurídico vigente, y lo debe hacer dando prioridad y eligiendo la norma o interpretación que proteja más a las personas que solicitan el servicio.

Ello se refuerza con lo señalado en las Directrices de la OMS respecto a que, en tanto no se logre el reconocimiento del aborto voluntario, las causales de no punibilidad (es decir, las situaciones en las que no se sanciona el aborto) deben formularse y aplicarse de forma coherente con el derecho internacional de los derechos humanos; en otras palabras, el servicio debe centrarse en las personas, sin juzgarlas ni dirigirlas, permitiendo que sean ellas quienes tomen las decisiones sobre su propia atención, de manera informada y con apoyo.

La OMS incluso ha recomendado abandonar por completo el uso del derecho penal para regular el aborto.[7]

Dado que el aborto es parte del derecho a la salud, no debería regularse en los códigos penales, pues este tipo de regulaciones llevan a poner en segundo plano el objetivo de garantizar su acceso a través de normas sanitarias. La regulación penal es una barrera para que la mujer o persona gestante pueda solicitar el servicio de aborto y para que el personal de salud brinde dicho servicio, pues no contempla la solución de fallas estructurales que dificultan su acceso (poca disponibilidad de medicamentos, las condiciones laborales del personal de salud, la falta de personal dispuesto, disponible y capacitado, entre otras).

Uno de los principales argumentos de los grupos antiderechos que defienden la penalización del aborto es que debe priorizarse la protección de la vida desde la concepción y la vida en gestación. Sin embargo, la OMS ha establecido que los límites gestacionales para denegar la interrupción del embarazo no tienen fundamento científico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido importantes determinaciones en ese sentido, que a continuación se abordarán.

En un primer momento, en 2011, cuando la SCJN discutió dos acciones de inconstitucionalidad[8] sobre normas de Baja California (en la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009) y San Luis Potosí (en la Acción de Inconstitucionalidad 62/2009), concluyó que la protección de la vida en gestación es compatible con la despenalización del aborto por voluntad de la mujer (o persona gestante). Más tarde, en 2021, emitió un criterio más garantista, cuando decidió sobre los criterios relativos a la protección a la vida desde la concepción en Sinaloa (en la Acción de Inconstitucionalidad 106/2018 y su acumulada 107/2018), ya que estableció, por mayoría de votos, que las legislaturas estatales no tienen competencia para definir cuándo inicia la vida y, por tanto, no pueden delimitar el carácter de persona ni asignarle una protección general y absoluta que restrinja el derecho de las mujeres y otras personas gestantes.

Por ello, las normas que protegen la vida desde la concepción no justifican la negativa de otorgar servicios relacionados con la salud reproductiva de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar ni sirven para restringir su acceso al aborto.

A partir de lo decidido en Sinaloa, la SCJN resolvió de la misma forma otros tres casos en Nuevo León (Acción de Inconstitucionalidad 41/2019 y su acumulada 42/2019), Veracruz (Acción de Inconstitucionalidad 85/2016) y Aguascalientes (Acción de Inconstitucionalidad 72/2021 y su acumulada 74/2021) y declaró inconstitucionales los artículos de esas constituciones locales que protegían el derecho a la vida desde la concepción. En todos los casos, la Corte reiteró que este tipo de regulaciones busca restringir otros derechos fundamentales, especialmente de mujeres y personas gestantes, como el derecho a su autonomía reproductiva.

En 2021, la sentencia de la Corte sobre la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017, del Código Penal de Coahuila, constituyó un importante precedente nacional, pues determinó la inconstitucionalidad de las regulaciones que prohíben de manera absoluta el aborto. Dejó asentado que los derechos humanos se reconocen a las personas a partir de que nacen vivas, y que esto se sostiene porque ni la Constitución ni los tratados internacionales protegen el derecho a la vida desde la concepción. La SCJN afirmó que el proceso de gestación solo puede protegerse mediante la garantía de los derechos de las mujeres y personas gestantes, por lo que el derecho penal no es la vía idónea para hacerlo, pues las leyes que les imponen sanciones totales por abortar de forma voluntaria, sin otorgar algún margen para ejercer la elección de la libertad reproductiva en al menos un periodo cercano a la gestación, inhiben en su totalidad el derecho a elegir.

En esta sentencia, la SCJN eliminó el artículo del Código Penal de Coahuila que criminalizaba el aborto de manera absoluta y un fragmento de otro artículo en el que se penalizaba al personal de salud que practicara abortos o asistiera en el procedimiento. Desde entonces, en ese estado no se puede investigar ni condenar a nadie por abortar de forma voluntaria o por ayudar a otra persona a abortar. Además, a partir de ello, a nivel nacional, ninguna persona juzgadora puede dictar sentencia por el delito de aborto cuando sea realizado por la sola voluntad de la mujer o persona gestante durante el primer trimestre de gestación. Esta sentencia de la SCJN determina que la prohibición absoluta del aborto es violatoria de los derechos humanos y señala que el reconocimiento de estos derechos comprende tanto a las mujeres como a las personas con capacidad de gestar.

En la actualidad (hasta septiembre de 2024), el aborto se encuentra despenalizado en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y Puebla (2024).

En el caso de Aguascalientes, el 30 de agosto de 2023, la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 79/2023 y ordenó derogar el delito de aborto autoprocurado. En diciembre de 2023 se dio cumplimiento a esta resolución y se despenalizó el aborto hasta la semana 12.6 de gestación. Sin embargo, en agosto de 2024, de manera desafortunada, el congreso local votó por reducir la despenalización a solo seis semanas.

La SCJN determinó, en septiembre 2023, que el Congreso de la Unión debía eliminar las normas que criminalizaban de forma absoluta el aborto consentido en el Código Penal Federal, por ser inconstitucionales (Amparo en Revisión 267/2023).[9] Durante 2024, en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, tribunales colegiados resolvieron amparos en revisión, por medio de los cuales ordenaron a los congresos locales derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido de los códigos penales de dichas entidades. En estos casos todavía está pendiente que los congresos den cumplimiento y acaten esas resoluciones. Por otro lado, la SCJN ordenó al Congreso de Yucatán derogar los artículos que criminalizaban de forma absoluta el aborto consentido en el Código Penal de la entidad.

Regular el aborto como un servicio de salud, en lugar de hacerlo desde la perspectiva penal, promueve que no se criminalice a quienes proporcionan información, asisten o lo practican, ni a quienes tienen abortos espontáneos o toman la decisión de abortar.

La objeción de conciencia implica que las personas pueden elegir de manera libre sus creencias de acuerdo con sus ideas y convicciones; se fundamenta en el derecho a la libertad de conciencia y religión establecido en el artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, a causa de las convicciones personales, morales o religiosas, y de forma excepcional, las personas pueden negarse a cumplir con una obligación establecida en las disposiciones legales. En el ámbito de la salud, esto se manifiesta como la posición individual del personal médico o de enfermería cuando debe realizar de forma directa un procedimiento de salud.

La OMS ha recomendado a los Estados regular la objeción de conciencia para proteger el acceso integral al servicio de aborto, pero puntualiza que esta no debe ejercerse en situaciones urgentes o emergencias, ni puede impedir el acceso a este servicio. Para dicha Organización, cuando no se regula la objeción de conciencia de manera que se respeten, protejan y cumplan los derechos de las personas solicitantes de aborto, su ejercicio es indefendible. En ese sentido, lo prioritario es ofrecer las mejores prácticas clínicas internacionales y proteger a las personas que soliciten este servicio, de modo que debe garantizarse que el ejercicio de la objeción de conciencia del personal de salud no sea un obstáculo para acceder al aborto seguro.

Bajo esa perspectiva, la LGV señala que se debe garantizar el acceso a los servicios de interrupción voluntaria del embarazo para las víctimas de violencia sexual y de otras conductas que afecten su integridad física o psicológica, y que la interrupción del embarazo causado por violencia sexual se considera un servicio de emergencia médica. Además, la NOM 046 establece la obligación de las instituciones públicas de atención médica de contar con personal dispuesto, capacitado y disponible para brindar servicios de salud, incluido el aborto, a víctimas de violencia sexual. Dicha norma especifica que, en caso de que en determinado momento las instituciones no puedan prestar el servicio de aborto de manera oportuna y adecuada o no cuenten con el personal requerido, deben referir a las personas usuarias a otra institución que sí pueda atenderlas.

Al respecto, la SCJN ha establecido que, con el fin de promover, proteger o restaurar la salud de las mujeres y otras personas gestantes en todas sus dimensiones, el aborto debe ser considerado como un servicio de salud. Asimismo, determinó que el Estado tiene la obligación de garantizar su acceso.

La objeción de conciencia no debe impedir ni ser un obstáculo para el ejercicio del derecho a la salud, incluido el acceso a servicios de aborto (Amparo en Revisión 1388/2015).

Cabe precisar que la objeción de conciencia no es absoluta, por lo que no puede invocarse en cualquier caso ni bajo cualquier modalidad.[25] Para que su reglamentación y ejercicio sean válidos es necesario que se ciña a ciertos límites, entre ellos: que sea de carácter individual; que se trate de una auténtica contradicción de conciencia en un contexto constitucional y democrático; y que respete los derechos humanos de otras personas. Además, la SCJN ha establecido que las instituciones de salud públicas y privadas deben contar en todo momento con personal dispuesto, capacitado y disponible que realice los procedimientos solicitados por las personas usuarias y no tienen la opción de referirlas a otra unidad médica, lo cual amplía el precepto establecido en la NOM 046.

La objeción de conciencia no debe, por ningún motivo, restringir o violar los derechos humanos de otras personas, por lo que no puede ser invocada por parte del personal de salud para obstaculizar el acceso a servicios como el aborto.

Con el objetivo de proteger los derechos de las mujeres (y otras personas con capacidad de gestar) reconocidos en la Constitución y en las leyes sanitarias del país, en tiempo, con calidad y sin discriminación, el Estado tiene la obligación de garantizarlos de la siguiente manera:

• Contar en todo momento con personal suficiente, disponible y capacitado, que garantice el derecho a la salud.
• Solo el personal involucrado de manera directa en el procedimiento puede objetar conciencia, y con la limitante de hacerlo en un plazo breve para que sea procedente.
• La objeción de conciencia no es válida cuando está en riesgo la vida de la persona usuaria ni en los casos en que exista una emergencia médica (como en los casos de interrupción del embarazo por violencia sexual); tampoco es válida cuando implica un riesgo para la salud o puede prolongar el sufrimiento de la persona usuaria.
• La objeción de conciencia del personal de salud no debe entorpecer o retrasar la prestación de un servicio.
• No es posible objetar por motivos discriminatorios; por ejemplo, por preferencia sexual, raza, etnia, etc.

Con el objetivo de que el personal de salud pueda cumplir con sus obligaciones en materia de aborto, y en virtud de que presta un servicio de salud, existen condiciones institucionales y estatales que aseguran que pueda desempeñar su labor de forma adecuada.

Por ejemplo, el personal de salud que atienda a personas usuarias involucradas en situaciones de violencia sexual debe recibir sensibilización, capacitación periódica y actualización en la materia (NOM 046, numeral 6.7.1), así como el apoyo adecuado para prestar una atención competente (Directrices de la OMS, p. 19).

Por otra parte, debe poder desempeñar sus responsabilidades sin sufrir discriminación por su decisión ética y profesional de prestar servicios de consejería y atención del aborto seguro (Lineamiento, p. 39). Debe asegurarse que ni las autoridades ni los particulares hostiguen a las personas que prestan servicios de interrupción del embarazo, para lo cual, como lo estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Segundo informe sobre la situación de las defensoras y los defensores de derechos humanos en las Américas (2011),[26] el Estado debe adoptar todas las medidas necesarias para evitar que el personal de salud sea sometido a investigaciones o procesos judiciales por desempeñar dicha labor.

Como lo ha establecido la OMS en sus Directrices, se deben eliminar las disposiciones legales que penalizan a las personas profesionales médicas que prestan estos servicios. Al respecto, la SCJN ha señalado en diversos precedentes, y como resultado de la despenalización del aborto a nivel federal, que el personal de salud tiene derecho a no ser juzgado ni sancionado por realizar o coadyuvar en la realización de un aborto. Tomando en cuenta que brindan un servicio de salud, castigar el actuar de quienes procuran un aborto con el consentimiento de la mujer o persona gestante es inconstitucional (igual que lo es sancionar a la mujer o persona gestante) (Amparo en Revisión 267/2023). Asimismo, la Corte ha establecido que inhabilitar al personal de salud del ejercicio de su profesión por estas razones tiene un efecto discriminatorio en quienes practican interrupciones del embarazo. Así, la despenalización del aborto también implica que el personal de salud deje de ser estigmatizado y criminalizado.

Como parte del personal de salud, es posible contribuir a la reducción del número de abortos inseguros y a que las personas usuarias que deseen acceder a estos servicios reciban una atención de calidad, integral y libre de discriminación. Esto es esencial para garantizar el derecho a la salud y a la libertad reproductiva de las mujeres y personas gestantes.

Esperamos que, sin importar la entidad federativa en la que te encuentres, este material sirva para aclarar los aspectos que pudieran resultar confusos de la normatividad vigente y que brinde más claridad sobre cómo desarrollar las obligaciones en la materia y colaborar en la promoción y el respeto de la autonomía reproductiva de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Con ello es posible contribuir de manera importante a que accedan a los servicios de salud a los que tienen derecho, como el aborto.