El aborto y la SCJN: línea de tiempo

25 de septiembre de 2000

La Acción de Inconstitucionalidad 10/2000 (cuyo proyecto de resolución estuvo a cargo de la ministra Olga Sánchez Cordero) fue presentada por diputados de los partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de la entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal. En ella se impugnó la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal, que establecía como causa de exclusión de responsabilidad para el delito de aborto el hecho de que se realizara cuando existieran alteraciones genéticas o congénitas en el producto de la concepción. También se impugnó la adición del artículo 131 bis al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que señalaba que el ministerio público podía autorizar el aborto en los casos en que el embarazo fuera resultado de una violación o de una inseminación artificial no consentida.

29 de enero de 2002

El Pleno de la SCJN —por mayoría de votos— resolvió confirmar la constitucionalidad de la fracción III del artículo 334 del Código Penal para el Distrito Federal por tratarse de una excusa absolutoria. Esta determinación de la Corte implicó la obligación de que las autoridades no impusieran sanciones a quienes decidieran interrumpir su embarazo por la causa señalada.

24 de abril de 2007

La Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal aprobó la ley que despenalizaba el aborto hasta la semana doce de gestación y señalaba mecanismos para brindar ese servicio de salud de forma adecuada. La reforma modificó los artículos 144 a 148 del Código Penal del entonces Distrito Federal, así como la adición, en la Ley de Salud del Distrito Federal, del tercer párrafo del artículo 16 bis 6 y del último párrafo del 16 bis 8.

26 de abril de 2007

El decreto de reforma fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

24 de mayo de 2007

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) interpuso, ante la SCJN, una acción de inconstitucionalidad contra la reforma de los artículos 144 a 147 del Código Penal para el Distrito Federal y la adición, en la Ley de Salud para el Distrito Federal, del tercer párrafo al artículo 16 bis 6 y del último párrafo al artículo 16 bis 8. En ella señaló como causa de invalidez la violación al derecho a la vida del producto de la concepción, al derecho a la protección del proceso de gestación y al derecho de procreación y paternidad, entre otros, así como la inexacta aplicación de la Ley Penal y la invasión de competencias.

25 de mayo de 2007

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), interpuso una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó invalidar las mismas normas a las que se refería la de la CNDH del día anterior y, además, incluía los artículos 148 del Código Penal y 16 bis 7 de la Ley de Salud. Argumentó que la reforma “obliga a los servidores del sector de salud a realizar la interrupción del embarazo, permitiendo que agentes del Estado mexicano priven de la vida al producto de la concepción”.

28 de agosto de 2008

Después de una extensa jornada de sesiones públicas, el ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano y los demás miembros del Pleno de la SCJN resolvieron las acciones de inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007 por mayoría de ocho votos. Determinaron que era constitucional despenalizar el aborto por voluntad de la mujer embarazada hasta la semana doce de gestación.

16 de abril de 2009

Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Norma Oficial Mexicana NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención, la cual sustituyó a la NOM-190-SSA1-1999 Prestación de servicios de salud. Criterios para la atención médica de la violencia familiar.

11 de junio de 2009

El entonces gobernador del estado de Jalisco promovió una controversia constitucional en contra de la NOM 046, por considerar que la autoridad sanitaria no era competente para normar asuntos de procuración y administración de justicia, y que era a los congresos estatales a los que les correspondía legislar en materia de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y sexual. Alegó que se vulneraban los derechos de las personas prestadoras de servicios de salud, porque se les obligaba a ofrecer a las mujeres víctimas del delito de violación, de manera inmediata, la píldora de anticoncepción de emergencia.

27 de mayo de 2010

El ministro José Ramón Cossío Díaz y los demás miembros del Pleno de la SCJN resolvieron que la anticoncepción de emergencia no era un “aborto químico”, sino un método anticonceptivo, por lo cual sí era constitucional establecer su suministro en una Norma Oficial Mexicana de cumplimiento obligatorio para las instancias federales, estatales y municipales, y también era obligatoria para las autoridades del estado de Jalisco.

Aunado a lo anterior, establecieron que la NOM 046 no vulneraba la esfera de competencias en materia de procuración de justicia, no contravenía ninguna disposición legal ni imponía obligaciones excesivas al personal de salud.

26 de diciembre de 2008

En el Periódico Oficial de Baja California se publicó una reforma que modificaba el primer párrafo del artículo 7 de la Constitución Política estatal, para quedar de la siguiente manera: “al sustentar que desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural o no inducida”.

26 de enero de 2009

El procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana del Estado de Baja California promovió la Acción de Inconstitucionalidad 11/2009, en la que solicitó invalidar dicha reforma. Argumentó que proteger de forma incondicionada y absoluta al concebido no nacido es contrario a la Constitución federal y restringe, de manera indebida, los derechos de las mujeres.

3 de septiembre de 2009

En el Periódico Oficial de San Luis Potosí se publicó una reforma que modificaba el artículo 16 de la Constitución Política estatal y establecía, en su primer párrafo: “El Estado de San Luis Potosí reconoce la vida humana como fundamento de todos los derechos de los seres humanos, por lo que la respeta y protege desde el momento de su inicio en la concepción”.

5 de octubre de 2009

Integrantes del Congreso de San Luis Potosí promovieron una acción de inconstitucionalidad para solicitar que se invalidara el artículo 16 de la Constitución Política del estado. Las razones eran que otorgaba el carácter de persona a los no nacidos y que restringía los derechos de las mujeres a la salud y a la vida, a la integridad corporal, a decidir y a la no discriminación.

28 y 29 de septiembre de 2011

Las y los ministros de la SCJN reconocieron, en las sentencias de ambas acciones de inconstitucionalidad, que la protección a la vida prenatal es importante, pero que está vinculada con los derechos de las mujeres. Así, determinaron que la protección de la vida en gestación es compatible con las causales de aborto e inclusive con la despenalización del aborto voluntario.

22 de enero de 2014

La SCJN ordenó la libertad inmediata de Adriana, una mujer indígena denunciada por su propia familia por el delito de homicidio en razón de parentesco. Adriana había sido sentenciada a 22 años de prisión por el delito de homicidio calificado (y ya había cumplido siete años en reclusión). Después de analizar el caso, la Corte determinó que no existían elementos probatorios necesarios para determinar la razón de muerte del producto, y mucho menos la responsabilidad de Adriana en ella. Así, la Corte resolvió que se habían violado sus derechos a una justicia imparcial, a la defensa adecuada y a la presunción de inocencia.

8 de diciembre de 2015

Marimar, una joven de 17 años, quedó embarazada como consecuencia de una violación sexual. Acudió al ministerio público, en compañía de su madre, para denunciar los hechos y allí les informaron que tenía derecho a abortar, pero no les indicaron el procedimiento ni las canalizaron con ninguna institución de salud.

9 de enero de 2016

Marimar y su madre acudieron al Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”, en donde les informaron que el embarazo era de alto riesgo, por lo que solicitaron su interrupción legal. Sin embargo, el Comité de Bioética del Hospital resolvió negarle ese derecho, aun cuando estaba garantizado por la NOM 046 y por la Ley General de Víctimas. El Comité concluyó que Marimar debía continuar con su embarazo, porque “aunque el producto presentaba una malformación congénita, esta no ponía en riesgo su salud ni la vida de la madre”.

4 de abril de 2018

La SCJN determinó que la negativa del Comité de Bioética constituyó una violación a los derechos humanos de Marimar y de su madre, pasando por alto lo establecido en la Ley General de Víctimas, el Código Penal del estado y el artículo 1.º constitucional. Al negarle el servicio médico de interrupción del embarazo producto de una violación sexual, se habían violado sus derechos reproductivos. Además, resaltó que la Ley General de Víctimas obligaba a reparar, de manera oportuna, integral y efectiva, las violaciones de derechos humanos que habían sufrido Marimar y su familia.

12 de octubre de 2016

Fernanda —de 18 años— fue víctima de una violación sexual y quedó embarazada. Al conocer su estado, presentó varias solicitudes de interrupción del embarazo ante los servicios de salud de Oaxaca, pero se lo negaron. Como respuesta a una de sus solicitudes, la ginecóloga que la atendió le mintió al decirle que el aborto era un delito (en todo el país es legal en los casos en que el embarazo es consecuencia de una violación sexual). Posteriormente, fue canalizada a otro hospital, en el que no le brindaron el servicio porque se encontraba en paro y solo atendía emergencias. Por lo tanto, tuvo que realizar la interrupción de su embarazo en la Ciudad de México.

18 de abril de 2018

En este caso, la resolución de la SCJN confirmó que negar el servicio médico de interrupción del embarazo producto de una violación sexual constituye una violación a los derechos humanos. Asimismo, estableció que los casos en los que una mujer víctima de una violación sexual solicita la interrupción de su embarazo deben ser considerados como urgentes, por lo que las autoridades de salud están obligadas a atender de manera eficiente e inmediata estas solicitudes, con la finalidad de que las consecuencias físicas y psicológicas de la violación sexual no continúen materializándose en el tiempo.

24 de septiembre de 2013

A Marisa, que era derechohabiente del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), le informaron que su embarazo era de alto riesgo y decidió solicitar su interrupción por motivos de salud.

6 de noviembre de 2013

Después de reiteradas negativas, Marisa presentó por escrito su solicitud de interrupción del embarazo por motivos de salud. Sin embargo, la autoridad responsable rechazó su petición con la justificación de que el ISSSTE, por ser del ámbito federal, se regía por la Ley General de Salud (LGS), en la cual no se contemplaba la interrupción del embarazo.

15 de mayo de 2019

La SCJN otorgó a Marisa un amparo en el que determinó que cuando le negaron la interrupción de su embarazo se había violado su derecho a la salud, el cual se vinculaba con su derecho a la vida, a la integridad personal, a la no discriminación y a la autonomía reproductiva (defendió, además, que el derecho a la salud involucra el aspecto físico, pero también el mental y el social). En la sentencia se reconoce, desde la perspectiva de género, que el derecho de las mujeres a la salud incluye la posibilidad de interrumpir el embarazo cuando su salud esté en riesgo. La SCJN se pronunció sobre la necesidad de garantizar los servicios de salud reproductiva para las mujeres, resaltando el impacto que tiene en su vida negarles la interrupción del embarazo por cuestiones de salud.

Asimismo, la Corte estableció que negar servicios que son exclusivos para las personas gestantes, como el aborto, constituye un acto de discriminación. Las mujeres y personas con capacidad de gestar tienen derecho a beneficiarse de todas las medidas que les permitan gozar del mejor estado de salud en respeto a su salud sexual y reproductiva, incluidos los procedimientos como la interrupción del embarazo, aunque la LGS no contemple este servicio.

Este criterio de la Corte permitió avanzar en el ejercicio de los derechos reproductivos, pues dejó sustentado que las instituciones públicas de salud deben brindar el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres que lo soliciten y cuya salud esté en riesgo.

9 de octubre de 2018

Cuando Jessica tenía 17 años, fue víctima de una violación. Además de haber nacido con parálisis cerebral infantil, Jessica tenía crisis convulsivas. La situación de precariedad económica en la que vivían ella y su mamá, así como la falta de estructura para apoyar a las personas con discapacidad en México, fueron obstáculos para que Jessica consiguiera ser capaz de comunicarse por sí misma, de modo que requería de los cuidados de su mamá y su abuela para realizar actividades básicas, como comer.

En una de las crisis convulsivas de Jessica, su abuela y su mamá la llevaron al Hospital General de Tapachula, Chiapas y allí les informaron que tenía cinco meses de embarazo (167 días). Ellas solicitaron su interrupción, por ser a causa de una violación.

El Hospital les negó el aborto porque excedía los noventa días de gestación previstos en el Código Penal de Chiapas para interrumpir un embarazo, así que promovieron un amparo. Un Juez de Distrito les negó el amparo con el argumento de que la limitación temporal para el aborto no dejaba en un plano de desigualdad a Jessica ni violaba sus derechos humanos y afirmó que “la Constitución federal protege la vida humana y de igual forma protege al producto de la concepción […] independientemente del proceso biológico en el cual se encuentre”.

7 de julio de 2021

La SCJN —por unanimidad— determinó que negar el servicio de interrupción del embarazo derivado del delito de violación sexual implica violaciones graves a los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Además, explicó que se vulnera el derecho a la salud cuando se prohíbe de forma total el servicio en estos casos. Establecer un plazo único y genérico para la interrupción del embarazo por violación es una forma de violencia contra las mujeres y personas gestantes que desconoce la dignidad humana, el libre desarrollo y afecta su salud psicológica. También indicó que fijar un límite temporal vulnera los derechos de las personas con discapacidad, pues no considera los casos en los que ellas ni siquiera saben que están embarazadas y, por esa razón, no acuden a los servicios de salud a tiempo.

7 de noviembre de 2017

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) promovió una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 13 (apartado A), 195, 196 y 224 (fracción II) del Código Penal de Coahuila. Señaló que el apartado A del artículo 13 regulaba un tema que en realidad era exclusivo del Congreso de la Unión (prisión preventiva oficiosa). Además, que los artículos 195 y 196 atentaban contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres al impedir la interrupción del embarazo durante la primera etapa de la gestación. El artículo 196, en particular, establecía que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de aquella”.

7 de septiembre de 2021

Por unanimidad, las y los ministros de la SCJN establecieron que no es constitucional sancionar o criminalizar a quienes deciden interrumpir su embarazo. La Corte enfatizó que el hecho de que el aborto autoprocurado o consentido estuviera en el Código Penal del estado de Coahuila atentaba contra los derechos reproductivos y vulneraba la dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

A partir de esta sentencia, las autoridades de procuración e impartición de justicia no pueden iniciar procesos penales contra aquellas niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes que, por voluntad propia, interrumpan su embarazo. Además, el personal de salud está obligado a brindarles servicios integrales cuando decidan poner fin a su embarazo, así como a respetar sus derechos humanos.

Esta sentencia ofrece criterios avalados por el máximo tribunal para despenalizar el aborto voluntario, de modo que las legisladoras y los legisladores de las entidades donde aún se restringe y castiga el ejercicio de la autonomía reproductiva ya cuentan con un respaldo legal para modificar los códigos penales en ese sentido.

11 de junio de 2018

El presidente de la CNDH promovió una acción de inconstitucionalidad en la que solicitó invalidar el decreto (publicado el 11 de mayo de 2018 en el Diario Oficial de la Federación) por el que se adicionó el artículo 10 bis a la Ley General de Salud (LGS), así como sus artículos Segundo y Tercero Transitorios.

21 de septiembre de 2021

La SCJN determinó que la objeción de conciencia no es absoluta y que, en función de que su reglamentación y ejercicio sean constitucionalmente válidos, es necesario que se ciña a ciertos límites. Entre ellos, que sea de carácter individual, que se trate de una auténtica contradicción de conciencia en un contexto constitucional y democrático, y que respete los derechos humanos de otras personas. Por lo anterior, consideró que el artículo 10 bis de la LGS no establecía límites suficientes a la objeción de conciencia y determinó que se trataba de una norma inválida; de modo que exhortó al Congreso de la Unión a legislar el asunto nuevamente, bajo parámetros específicos.

En la sentencia se señala que los derechos de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar, reconocidos en la Constitución y en las leyes sanitarias del país, deben ser protegidos por el Estado, que tiene la obligación de garantizarlos en tiempo, calidad y sin discriminación. Así, la objeción de conciencia no debe, por ningún motivo, restringir o violar los derechos humanos de otras personas, y las instituciones de salud no pueden invocarla para evadir sus obligaciones, entre las que se encuentra garantizar que en todo momento se cuente con personal médico y de enfermería no objetor.

20 de febrero de 2015

En Hidalgo, Carlota fue víctima de violación por un miembro de su comunidad cuando tenía 16 años. El agresor la amenazó con dañarla a ella y a su familia si lo contaba, por lo que ella decidió ocultar lo sucedido. Transcurrido un mes, comenzó a sentirse mal y acudió al médico, que solo le recetó pastillas para el dolor de estómago. Unos días después se realizó una prueba de embarazo, que resultó positiva.

Carlota y su familia acudieron al Ministerio Público para denunciar la violación y exigir la interrupción del embarazo. La agente que la atendió le negó el aborto en tres ocasiones, con el argumento de que no había denunciado la violación cuando sucedió sino hasta que supo de su embarazo y solicitó interrumpirlo, que no existían pruebas para comprobar que había sido amenazada, y que, de acuerdo con el reporte pericial, tampoco existían pruebas físicas ni daño psicológico que comprobaran que había sufrido una violación.

Con el acompañamiento de GIRE, Carlota presentó una demanda de amparo por la negativa a autorizar la interrupción de su embarazo, así como por el dictamen psicológico de la perita y los requisitos vigentes en Hidalgo para acceder al aborto en casos de violación. En específico, se señaló que al negarle la interrupción del embarazo se había atentado contra los derechos a la salud; la igualdad y no discriminación; la integridad personal; la autonomía reproductiva; y el interés superior de la infancia. También se subrayaron las deficiencias en el actuar ministerial y de la perita.

23 de febrero de 2022

En su sentencia, la SCJN reiteró que cuando se establece un límite temporal para interrumpir un embarazo producto de una violación se impone una barrera injustificada para que las mujeres puedan acceder a sus derechos. Negar o poner obstáculos a servicios que son específicos para las mujeres (como la interrupción del embarazo causado por violación) afecta su derecho a la salud y a la igualdad y no discriminación. Además, implica desconocer de forma total la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres y personas gestantes cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida. Así, declaró que la fracción II del artículo 158 del Código Penal para el Estado de Hidalgo era inconstitucional e invalidó las actuaciones de la agente del Ministerio Público que impidieron a la mujer interrumpir su embarazo.

23 de noviembre de 2018

Una minoría legislativa promovió una acción de inconstitucionalidad contra la fracción I del artículo 4 bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, que establecía que: “desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la Ley correspondiente, hasta su muerte”. Los promoventes alegaron que los poderes locales no cuentan con facultades para definir constitucionalmente el momento en que inicia la vida. Además, el artículo no considera el parámetro de regularidad en la materia conforme a lo que dispuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Artavia Murillo vs. Costa Rica.

De manera paralela, el 26 de noviembre de 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) promovió otra acción de inconstitucionalidad en contra del mismo artículo. En ella alegó que el Congreso de la entidad no tiene facultades para ampliar la protección de un derecho que implica afectar a otros derechos fundamentales. De manera específica, argumentó que al proteger la vida desde la concepción, se restringen los derechos de las mujeres y personas gestantes sin justificación.

9 de septiembre de 2021

La SCJN discutió la constitucionalidad de la “protección a la vida desde la concepción” en Sinaloa y, por mayoría, estableció que las constituciones locales no pueden otorgar el estatus de persona al embrión o feto con el fin de adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. En consecuencia, que existan este tipo de cláusulas en las constituciones estatales no es suficiente para negar servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva ni para restringir el acceso al aborto. La Corte estableció, de manera clara, que la protección de la vida en gestación no compite con la de las personas nacidas, quienes son titulares incuestionables de derechos. Además, no corresponde a las entidades definir el origen de la vida humana.

26 de mayo, 30 de mayo y 10 de octubre de 2022

El Pleno de la SCJN resolvió las siguientes acciones de inconstitucionalidad en el mismo sentido que la sentencia de Sinaloa: la 41/2019 y su acumulada 42/2019, promovidas por la CNDH y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León; la 85/2016 promovida por la CNDH; y la 72/2021 y su acumulada 74/2021, promovidas por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes y la CNDH.

A principios de 2022, las organizaciones CECADEC, TERFU, Cultivando Género, Morras Help Morras y GIRE presentaron un amparo en contra de la regulación del delito de aborto en Aguascalientes. El objetivo era que todas las mujeres y personas gestantes pudieran tener acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas. Para resolver el amparo, en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se discutió un proyecto de sentencia elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. En el mismo se proponía eliminar los artículos del Código Penal que regulaban el delito de aborto autoprocurado y consentido, así como los requisitos que condicionaban el acceso al aborto cuando había riesgo de muerte de la persona gestante y cuando el embarazo era a consecuencia de una violación.

30 de agosto de 2023

Tras debatir en torno al amparo, la SCJN determinó que en la entidad se debe dejar de aplicar el delito de aborto autoprocurado y consentido, por lo que ya no es posible criminalizar a ninguna mujer o persona gestante por abortar, ni al personal que las asista. Además, estableció que las instituciones de salud tienen la obligación de prestar este servicio y de garantizar el derecho a decidir de todas las personas usuarias. Finalmente, ordenó al Congreso local derogar los artículos declarados inconstitucionales antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que fue notificada la sentencia.

Debido a su importancia histórica en relación con temas de justicia reproductiva, es necesario destacar que es la primera vez que los efectos de un amparo presentado por organizaciones de la sociedad civil son de carácter general. En este caso, beneficia a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que habitan en la entidad. Además, debido a que el amparo fue resuelto por mayoría de cuatro votos, esta sentencia es obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales.

En septiembre de 2021, como parte de la estrategia jurídica para que todas las mujeres y personas gestantes tengan acceso a abortos seguros sin ser criminalizadas, GIRE presentó un amparo para eliminar del Código Penal Federal el delito de aborto autoprocurado y consentido. Este amparo fue resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la discusión del proyecto de sentencia elaborado por la ministra Margarita Ríos Farjat.

6 de septiembre de 2023

Tras analizar el amparo interpuesto por GIRE, la Primera Sala de la SCJN resolvió que el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos. Por lo tanto, ninguna mujer o persona gestante podrá ser criminalizada por abortar, y lo mismo aplica para quienes las asistan.

Asimismo, la SCJN ordenó al Congreso de la Unión derogar las normas que criminalizan el aborto voluntario en el Código Penal Federal antes de que finalice el periodo ordinario de sesiones en que sea notificada la sentencia. Al haberse aprobado por unanimidad, esta sentencia es obligatoria para todas y todos los jueces locales y federales.

27 de abril de 2022

En conjunto, GIRE, Balance A. C., la Oficina de Disability Rights en México, No se metan con nuestras hijas y Mutantes disidentes Sinaloa presentaron un juicio de amparo indirecto contra la última parte de la fracción IV del artículo 158 del Código Penal para el Estado de Sinaloa con el objetivo de declararla inconstitucional. En esa porción normativa se establecía que no era necesario el consentimiento de mujeres y personas gestantes para llevar a cabo una interrupción legal del embarazo cuando estas no pudieran otorgarlo por sí mismas.

Las organizaciones argumentaron que este criterio vulneraba los derechos a la igualdad y no discriminación, a la salud y a la autodeterminación de mujeres y personas gestantes, en particular de aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial.

16 de octubre de 2024

Después de que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosegundo Circuito determinara el interés legítimo de las asociaciones para impugnar la norma, la Primera Sala de la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 636/2022. En dicha resolución, la Corte declaró la inconstitucionalidad de la fracción IV, artículo 158, del Código Penal del Estado de Sinaloa.

En su argumentación, la Corte reconoció que las mujeres y personas con capacidad de gestar que tienen una discapacidad intelectual o psicosocial suelen enfrentar estereotipos y preconcepciones sobre su sexualidad y su vida reproductiva, lo que a menudo lleva a que sus decisiones en estos temas sean sustituidas por las de terceras personas. En la práctica, esto ha permitido que se les realicen intervenciones médicas sin su consentimiento libre e informado, como abortos, esterilizaciones y anticoncepciones forzadas. Por lo tanto, la Corte concluyó que la decisión de abortar o continuar con un embarazo es una forma de ejercer la autonomía reproductiva y la libre autodeterminación. Respetar su decisión implica garantizar su participación plena en la sociedad. Por el contrario, no permitirles tomar decisiones sobre su propio cuerpo les impide participar de forma activa en la construcción de su vida y comunidad.

La Corte finalizó su análisis señalando las implicaciones directas de considerar el derecho a decidir bajo el modelo social de la discapacidad. En primer lugar, destacó la obligación de respetar el derecho a la capacidad jurídica de las personas gestantes con discapacidad. En segundo lugar, determinó la prohibición de cualquier régimen que pretenda sustituir la decisión de estas personas con las de una tercera involucrada. En su lugar, la Corte subrayó la necesidad de desarrollar regímenes que apoyen la toma de decisiones consentidas e informadas por parte de las personas gestantes con discapacidad respecto a la interrupción o continuación de su embarazo.