Avance de la Marea Verde

El origen de la Marea Verde puede ubicarse en Argentina, a partir de 1983, año en que terminó la dictadura y el país inició una transición democrática. El movimiento comenzó a tomar forma en 1986, cuando los Encuentros Nacionales de Mujeres forjaron una organización feminista con una agenda política propia, que incluía la lucha por el aborto legal.[1] En 2005, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito marcó un punto de inflexión, dado que se concentró en impulsar proyectos de ley y estrategias de incidencia. Más tarde, en 2015, la adhesión del movimiento Ni Una Menos fortaleció aún más la movilización y logró que las distintas agendas feministas tuvieran un punto de encuentro. Tras años de activismo, en 2018, se concretó el movimiento de la Marea Verde, una ola de lucha que trascendió las fronteras nacionales y convirtió el pañuelo verde en un símbolo regional de resistencia y justicia social. Este emblema se inspiró en la lucha de las Madres de Plaza de Mayo, quienes en 1977 portaron pañuelos blancos al exigir justicia por sus hijos e hijas desaparecidos durante la dictadura. Así, el pañuelo verde heredó esa tradición de defensa de los derechos humanos, convirtiéndose en un ícono de la lucha feminista por el derecho a decidir y en un símbolo de unidad en América Latina.[2]

En 2018, durante los tres meses que se debatió la despenalización del aborto en Argentina, en una serie de sesiones públicas celebradas en el Congreso de esa nación, la Marea Verde se consolidó con fuerza. A la par del debate legislativo, una movilización social sin precedentes ocupó las calles, y el uso del pañuelo verde se extendió en las concentraciones masivas. Con el tiempo, el activismo agrupó a las reivindicaciones en favor del aborto, de la diversidad sexual y contra la violencia de género, y se establecieron alianzas entre organizaciones feministas, sociales, políticas y académicas para trabajar de forma colectiva por la sensibilización social y la incidencia legislativa. Así, el pañuelo verde, distintivo de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, posicionó al movimiento como un referente de transformación social y política en favor del aborto. El pañuelo representó tanto a la lucha por los derechos reproductivos, la despenalización del aborto y la justicia, como a la resistencia contra la violencia sexista, los feminicidios y las violaciones a los derechos humanos.[3]

 

 

Por su parte, en México, el movimiento por la despenalización del aborto se remonta a 1930. Desde 1931, ya se permitía en todo el país el aborto en casos de embarazos causados por violación. Con el transcurso de los años, los códigos penales de las entidades federativas se fueron modificando para añadir causales por las que era posible abortar. En el 2000, eran 28 las entidades que contemplaban la causal de peligro para la vida de la mujer embarazada.[4]

No fue sino hasta abril de 2007 que, por primera vez, un congreso local —el del Distrito Federal, ahora Ciudad de México— despenalizó el aborto voluntario durante las primeras 12.6 semanas de gestación. Este avance implicó retos importantes. En mayo de 2007, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presentaron demandas de inconstitucionalidad en contra de dicha reforma ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Esta fue la primera vez que la máxima autoridad judicial de un país de América Latina se vio obligada a decidir si el aborto debía dejar de considerarse como un delito durante las primeras 12.6 semanas de gestación.

En las sentencias de la Acción de Inconstitucionalidad 146/2007 y su acumulada 147/2007, el Pleno resolvió que la despenalización del aborto en el Distrito Federal era constitucional, puesto que la reforma no iba en contra del derecho humano a la vida, y concluyó que la vida no es un derecho humano absoluto. Advirtió que ni la Constitución, ni ningún tratado internacional o alguna interpretación de esos documentos incluía una definición sobre cuándo empieza la vida y, mucho menos, un reconocimiento de que la vida se tuviera que proteger desde el momento de la concepción.

Lo resuelto por la SCJN blindó la despenalización del aborto durante el primer trimestre gestacional. Además, al resolver que esta modificación sí era constitucional, la Corte envió un mensaje a todas las personas legisladoras del país para que, si así lo decidían, cambiaran sus códigos penales en términos iguales o similares a los del Distrito Federal. Si bien las sentencias en materia de aborto que la Corte había resuelto hasta ese momento no habían analizado los conflictos desde la óptica de los derechos reproductivos, la consecuencia de despenalizar el aborto hasta las primeras 12.6 semanas de gestación en el Distrito Federal tuvo una relevancia histórica significativa, incluso en la actualidad.

Entre 2018 y 2019 la SCJN estudió casos en los que se negaba el procedimiento de aborto por causales como violación o riesgo para la salud de la persona embarazada.[5] Para este momento, la Marea Verde surgida en Argentina ya había inspirado a miles de personas a marchar y manifestarse en toda la región. En México, el uso del pañuelo verde sirvió para evidenciar las restricciones que también existían en el país en relación con el ejercicio de los derechos reproductivos,[6] y muchas feministas intensificaron su presencia en el espacio público para hacer presión política en favor de legalizar el aborto seguro y gratuito.

Tras doce años de la despenalización parcial en la Ciudad de México, en 2019, Oaxaca fue la primera entidad que realizó una reforma legislativa en el mismo sentido, impulsada por el activismo de la Marea Verde. En 2021, Hidalgo y Veracruz siguieron el mismo camino, por la vía legislativa. La influencia de la Marea Verde también permeó en el Poder Judicial, cuando la SCJN resolvió otro caso relacionado con el aborto voluntario en la Acción de Inconstitucionalidad 148/2017 sobre el Código Penal de Coahuila. A partir de entonces, el movimiento ha avanzado a pasos agigantados por el territorio nacional.

Esta última sentencia se resolvió el 7 de septiembre de 2021 y marcó un hito en la lucha por la justicia reproductiva en México. El Pleno de la SCJN reconoció, por unanimidad de votos, que el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes es un principio constitucional derivado de la autonomía reproductiva. Al declarar inconstitucionales los artículos del Código Penal de Coahuila que criminalizaban el aborto de manera absoluta, la SCJN estableció que la vía penal no es la óptima para regular la salud reproductiva. Asimismo, afirmó que la criminalización absoluta del aborto vulnera los derechos reproductivos de las mujeres y otras personas gestantes.[7]

Esta resolución no solo despenalizó el aborto en Coahuila, sino que también sentó precedentes claros para la despenalización del aborto voluntario en todo el país y fortaleció la lucha por los derechos reproductivos. Los criterios que utilizó conforman un parámetro de regularidad constitucional en la materia, es decir, un conjunto de referentes mínimos que las personas juzgadoras deben observar y que las disposiciones sobre el aborto deben cumplir en el ámbito de la despenalización. Esto garantiza que no se vulnere el derecho a decidir ni otros derechos humanos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Después de lo resuelto por la SCJN en el caso Coahuila, se produjo un avance gradual en la despenalización parcial en otras entidades federativas: Baja California y Colima en 2021, seguidas por Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, en 2022. No obstante, llegó un punto en que este proceso se frenó y se generó incertidumbre respecto a su continuación o estancamiento.

Fue por ello que, desde 2022, GIRE, de la mano de organizaciones locales, creó una estrategia jurídica a nivel nacional cuyo objetivo se centró en presentar amparos en contra de los códigos penales de las 21 entidades federativas en las que, hasta ese momento, el aborto aún estaba criminalizado de forma absoluta: Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas; así como en contra del Código Penal Federal (CPF).

La incansable lucha colectiva del movimiento feminista, junto a la estrategia jurídica impulsada por GIRE, han logrado que, en la actualidad, el aborto voluntario sea legal en dos tercios de las entidades, al menos durante las primeras doce semanas de gestación. Ante el inminente avance de la Marea Verde, esta sección del sitio Aborto en papiroflexia es una herramienta de consulta para mostrar el camino hacia la despenalización del aborto en todo México.

Hasta mayo de 2025, el aborto se encuentra despenalizado, al menos durante el primer trimestre gestacional, en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México (2007); Oaxaca (2019); Hidalgo (2021); Veracruz (2021); Coahuila (2021); Baja California (2021); Colima (2021); Sinaloa (2022); Guerrero (2022); Baja California Sur (2022); Quintana Roo (2022), Puebla (2024), Jalisco (2024), Michoacán (2024), San Luis Potosí (2024), Zacatecas (2024), Estado de México (2024), Chiapas (2024), Nayarit (2025), Chihuahua (2025), Campeche (2025) y Tabasco (2025). En el mapa interactivo de México que se muestra a continuación, estas entidades se destacan en verde.

Al hacer clic sobre aquellas entidades en donde el proceso de despenalización sucedió únicamente por la vía legislativa —por modificación del código penal a partir de una iniciativa de las personas diputadas locales—, se muestra la información de la fecha de votación del dictamen, la de su publicación en el periódico oficial de la entidad y un cuadro comparativo del texto del código penal sobre el aborto antes y después de la reforma. Asimismo, como resultado de la despenalización, en algunas entidades federativas se incluye información de las modificaciones a la ley local de salud sobre la prestación de servicios de aborto. Es importante señalar que no todas las entidades han adoptado estos cambios en sus legislaciones y que ello no debe ser un obstáculo para acceder al aborto; ya que se trata de leyes y programas que son favorables para prestar el servicio, pero no indispensables.

Por otro lado, al dar clic sobre las entidades en donde la despenalización del aborto obedeció a una resolución judicial —emitida por algún juzgado federal, tribunal colegiado de circuito o incluso por la SCJN—, se despliegan los elementos destacados de la sentencia y los efectos que tuvo; además, se tiene la opción de descargar su versión pública. En los casos en que ya fue reformado el código penal de la entidad, se señala que se ha dado cumplimiento a lo ordenado por el órgano judicial correspondiente y se presenta un cuadro comparativo del antes y el después de la despenalización. Esto permite visibilizar el progreso de la estrategia impulsada por GIRE y las organizaciones locales.

El mapa muestra en color café a las entidades en las que el poder legislativo local aún no ha reformado el contenido del código penal en materia de aborto, a pesar de que ya existe una orden judicial para derogar o modificar esos artículos. En color rosa se destacan las entidades federativas que todavía no han despenalizado el aborto. Como excepción, Aguascalientes aparece en color naranja, ya que es la única entidad en la que el Congreso local redujo el plazo legal para abortar.

Regresar

Federación

Despenalizado

Con orden judicial para despenalizar

Penalizado

El congreso redujo el plazo temporal