Aborto en datos

¿Qué es el aborto?

El aborto es la interrupción del embarazo, ya sea de forma espontánea (cuando sucede sin ningún tipo de intervención o maniobra) o inducida (la pérdida intencionada de un embarazo a través de un procedimiento médico o quirúrgico). La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha destacado que el aborto es un servicio de salud esencial para todas las mujeres y personas gestantes. Esto quiere decir que su atención debe garantizarse de forma integral (asegurando el suministro de información y la atención durante y después del aborto) y con calidad (de forma eficaz, eficiente, accesible, segura, centrada en la persona usuaria y con igualdad de trato). Atender el aborto en estas condiciones es indispensable para garantizar el pleno goce de los derechos vinculados a este servicio, como el derecho a la salud, a la autonomía reproductiva y a la igualdad y no discriminación.

Además de ser un tema fundamental de justicia reproductiva, el aborto es un asunto de salud pública y de justicia social. Se trata de un servicio al que deben tener acceso todas las mujeres y personas gestantes, por lo que es necesario eliminar los obstáculos existentes en contextos específicos de desigualdad estructural. Asimismo, debe cumplir con los estándares clínicos más actualizados y avalados por la comunidad científica internacional, como los descritos en la versión más reciente de las Directrices sobre la atención para el aborto de la OMS.

¿Cómo se relaciona el aborto con el acceso a la información y la transparencia?

El acceso a la información es un derecho humano que incluye investigar, solicitar, recibir y difundir información generada, administrada o en posesión de autoridades públicas. Este derecho garantiza que las personas conozcan la información de manera activa —mediante la investigación— o pasiva —cuando la reciben— para formarse una opinión sobre su contexto y hacer planes de vida en función de ello. En relación con la atención del aborto, el hecho de que las mujeres y personas gestantes reciban información científica y basada en un marco de derechos humanos es una condición indispensable para que puedan ejercer su autonomía reproductiva. Por ello, la OMS considera que se trata de uno de los servicios clínicos básicos para la atención del aborto.

Por otra parte, el acceso a la información garantiza la transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones y obligaciones. La posibilidad de tener acceso a esta información permite monitorear el desempeño de las políticas públicas implementadas para garantizar el acceso a servicios de salud básicos, como el aborto. Además, permite identificar si el servicio se ofrece de acuerdo con los estándares internacionales clínicos y de derechos humanos. La OMS reconoce que contar con mecanismos accesibles para monitorear los servicios de aborto (a partir de la información pública disponible) favorece que su atención se brinde en entornos seguros y que el servicio se preste con calidad.

En México se denomina interrupción legal del embarazo (ILE) al aborto que se realiza a petición de la mujer o persona gestante —en ejercicio de su autonomía reproductiva— y que se lleva a cabo dentro del periodo permitido por la normativa vigente. Aunque han pasado casi noventa años desde que iniciaron las exigencias feministas para despenalizar el aborto en México, el avance en materia legal y de políticas públicas es aún insuficiente; a pesar de que se trata de un servicio de salud, se sigue regulando en los códigos penales. Hasta septiembre de 2024, el aborto se ha despenalizado en las siguientes entidades federativas: Ciudad de México (2007), Oaxaca (2019), Hidalgo (2021), Veracruz (2021), Coahuila (2021), Baja California (2021), Colima (2021), Sinaloa (2022), Guerrero (2022), Baja California Sur (2022), Quintana Roo (2022) y Puebla (2024).

En el Código Penal Federal (CPF) y Yucatán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a los congresos derogar los artículos que criminalizaban el aborto de manera absoluta. En 2024, en Jalisco, Nayarit y Zacatecas, tribunales colegiados ordenaron a los congresos locales derogar el delito de aborto autoprocurado y consentido. Sigue pendiente que los congresos den cumplimiento y acaten la resolución de la SCJN y de los tribunales colegiados.

En el caso de Aguascalientes, el 30 de agosto de 2023 la SCJN resolvió el Amparo en Revisión 79/2023 en el que ordenó derogar el delito de aborto autoprocurado. En diciembre de 2023 se dio cumplimiento a esta resolución y se despenalizó el aborto hasta la semana 12.6 de gestación. Sin embargo, en agosto de 2024, de manera desafortunada, el congreso local votó por reducir la despenalización a solo seis semanas; lo cual, en realidad, se trata de una prohibición disfrazada.

De las entidades en las que se ha despenalizado el aborto en México, solo en ocho (Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y Sinaloa) se ha incorporado la regulación de la interrupción del embarazo en las leyes locales de salud. A su vez, solo la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Veracruz han diseñado y publicado un programa para la atención del aborto. Estos programas se diseñaron como herramientas de política pública que reglamentan la provisión de servicios de aborto con el fin de garantizar su calidad y atención integral. Además, en noviembre de 2022, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR) publicó el Lineamiento Técnico para la Atención del Aborto Seguro en México, el cual indica, a escala federal, los criterios básicos para la atención del aborto de forma integral, con perspectiva de género y conforme a los derechos humanos.

Hasta ahora, solamente el Programa ILE de la Ciudad de México contempla un seguimiento estadístico de los servicios prestados. Este seguimiento es relevante, ya que la información que desagrega permite analizar tanto la calidad en la atención del aborto como el perfil sociodemográfico de las personas usuarias. La información sistematizada y pública de los servicios de salud de la entidad se actualiza de forma periódica en un resumen estadístico en la página Interrupción Legal del Embarazo, y como datos abiertos en el portal de datos abiertos.

Existe una herramienta que permite que el personal de salud de cualquier entidad en la que se haya despenalizado el aborto registre los abortos inducidos. Se trata del Sistema de Información en Salud (SIS). En la “Nota técnica N.º 4: Registro de la información en la atención del aborto seguro” y en la capacitación “Registro y codificación de la atención a la violación sexual incluyendo (IVE)”, del Centro Mexicano para la Clasificación de Enfermedades (Cemece), se especifica el procedimiento para registrar este tipo de abortos. Los datos registrados están disponibles en los cubos dinámicos de comorbilidades de los egresos hospitalarios, que constituyen una herramienta de consulta y construcción de información en salud.

El manejo adecuado de esta herramienta permitiría contar con información estadística comparable entre entidades federativas, así como conocer la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de la atención del aborto inducido. Cuando GIRE consultó la base de datos, advirtió que la información no está siendo recolectada de forma satisfactoria. Ello podría deberse al desconocimiento de la herramienta o del método de registro.

Además de los posibles obstáculos en el registro de la información, acceder a ella, una vez publicada, resulta complejo. En primer lugar, para visualizar los cubos dinámicos de egresos hospitalarios es necesario instalar programas adicionales en los navegadores de internet. En segundo lugar, para analizarlos se requiere contar con conocimiento técnico y especializado en el tema, ya que el aborto inducido está codificado de acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10). Los únicos dos documentos donde es posible identificar dicha información son la capacitación y la nota técnica mencionadas.

La información estadística disponible sobre los abortos inducidos sirve para conocer si el servicio se lleva a cabo y en qué condiciones, así como para identificar si existe una alta demanda por parte de las personas que podrían requerir atención especializada, como las personas gestantes indígenas, con discapacidad, migrantes y con identidad de género no normativa (trans, no binaries, género fluido o agénero, entre otras). Dada la falta de información estadística sobre estas poblaciones, no es posible identificar este tipo de necesidades de forma particular para cada entidad o unidad hospitalaria.

Para monitorear de forma adecuada la accesibilidad del servicio, las estadísticas deben contemplar datos específicos sobre la atención del aborto y sobre las personas usuarias. En este sentido, las preguntas enviadas mediante las solicitudes de acceso a la información tienen dos objetivos: primero, conocer, de acuerdo con las respuestas de los sujetos obligados, qué personas están accediendo al servicio, en dónde y a través de qué métodos; en segundo lugar, identificar aquellas instituciones de salud locales y federales que no cuentan con los registros necesarios para obtener esta información. A partir de ello, en esta sección se presenta el indicador de desagregación propuesto por GIRE. Su objetivo es, a partir de un puntaje, resumir la manera en que las instituciones de salud proveen la información y con qué nivel de desagregación lo hacen.

El primer paso para el diseño del indicador fue clasificar los niveles de desagregación de cada institución. El orden de importancia asignado a cada nivel se vincula con su relevancia para evaluar el acceso a un servicio de aborto integral y seguro. Así, se desarrolló un modelo de puntajes en el que se indica la desagregación, la clasificación y el puntaje asignado al registro de la información proporcionada. Cuando las instituciones no tienen registros, o bien otorgan información incorrecta, reciben un puntaje negativo de -5.

Los puntajes se dividieron en tres categorías y el puntaje asignado a cada entidad corresponde al mes en el que entregaron la información. En primer lugar, el nivel de desagregación temporal; en este caso, las entidades que entregan la información desagregada por día y por mes reciben una mejor puntuación, seguidas de las que solo entregan el acumulado anual. Por su parte, las que únicamente reportan el número total abortos realizados no tienen puntaje. La segunda categoría se basa en las Directrices sobre la atención para el aborto de la OMS y en la experiencia de GIRE, y corresponde a las variables mínimas necesarias para evaluar el acceso a servicios de aborto seguro según los siguientes criterios: la semana de gestación, la edad, el método de interrupción, la unidad hospitalaria, si la persona usuaria tiene una discapacidad, su identidad de género, si pertenece a alguna comunidad indígena y/o si es persona migrante o en situación de movilidad. Cada criterio recibe la misma puntuación, pero de forma positiva o negativa, en función de si se registra o no. Finalmente, la tercera categoría incluye variables que no son necesarias para perfilar la atención a las usuarias, pero que tienen importancia estadística y sirven para implementar políticas públicas: si cuentan con afiliación a la seguridad social y cuál es su lugar de residencia. Estas variables reciben cada una el mismo puntaje cuando son registradas y, si no se registran, no reciben puntaje.